SIN TRANSPARENCIA NO HAY DEMOCRACIA. NO HAY DEMOCRACIA SIN TRANSPARENCIA.

Transparencia, participación ciudadana, colaboración, innovación ciudadana, publicidad activa y datos abiertos. Estos son los términos ampliamente consensuados que definen algunos de los principios de la comunicación pública. Son los ejes cardinales de una política de información y comunicación expansiva que ha de derivar en un fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones, sus representantes y la ciudadanía. Una garantía para el ecosistema formado por lo público, lo privado y la población en general.

En virtud de cómo se blinden el libre desarrollo de estos conceptos, la sociedad y sus gobiernos avanzarán en la rendición de cuentas y el libre derecho a recibir información y conformarse una opinión permitirá que el sentido de voto sea más razonado, de tal manera que la democracia tomará sentido como gobierno soberano derivado de la soberanía popular.

Hacer públicas las declaraciones de la renta, los portales de transparencia, la reducción de la brecha y el analfabetismo digital para hacer efectivo las posibilidades de la TIC al servicio de la administración, los datos abiertos, la publicidad activa, un registro de grupos de interés o lobbies, el aprovechamiento estadístico para generar riqueza, empleo y conocimiento… todo esto es positivo para la fortaleza y confianza de las instituciones.

http://comunidades.uimunicipalistas.org/comunicadores/2017/11/15/sin-democracia-no-hay-transparencia-sin-transparencia-no-hay-democracia/

La apuesta por la transparencia más allá de una moda pasajera ha llegado a la gobernanza inteligente de los Estados para quedarse. En la sociedad de la información el ciudadano ya no está dispuesto a ser el desinformado y a la administración no se le consiente el autismo de otros tiempos. Se ha extendido el derecho de la ciudadanía a la información pública en una doble vía: la administrativa, qué hace la administración con los impuestos que habilitan su funcionamiento, y como generadora de intangibles para una aplicación personal o económica de la misma.

Como advierten las profesoras Trigo y Álvarez, es “necesario transparentar la gestión pública y la rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la interacción y colaboración con los diversos sectores de la sociedad, para hacer más efectiva la provisión y la calidad de los servicios públicos, incorporando la participación ciudadana en todo ciclo de políticas públicas”  (Trigo & Álvarez, 2017).

Y para todo ello una buena herramienta es crear un marco normativo compartido que asegure la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la apuesta por la tecnología. En definitiva, un gobierno de todos y todas para todos y todas.

En el caso de América Latina, la Carta Democrática Interamericana establece que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y prensa”. De esta manera existe una apuesta creciente por la legislación en la materia del gobierno abierto y la transparencia, en el derecho de información pública.

Según un estudio realizado por el “Centro Knight” para el ‘Periodismo en las Américas’ (http://knightcenter.utexas.edu/es) de 17 países latinoamericanos analizados hay una gran variedad entre aquellos que no tienen leyes de información pública (por ejemplo Venezuela), los que tienen soporte legislativo pero no órgano que los fiscalice (Perú y Bolivia) y el resto que cuentan con normativa (como México).

Para no entrar en la casuística de cada país (Centro Knight), considero que quedarse solo en la referencia legal sería un error. Hay otros factores que afectan directamente en la práctica. De nada sirve una ley si falla el sistema o no se cree en el sistema. Es decir, sin una democracia fuerte y consolidada la obligación quedará en papel mojado.

Así el “Latinobarómetro” 16 (CORPORACIÓN Latinobarómetro, 2016) concluye tras 30 años de estudio que “la democracia parece consolidarse de manera imperfecta”. Se queda anclada en algunos asuntos como que el 54% de los latinos cree en la democracia como sistema de gobierno, un 2% menos que en 2015. Solo un 38% está satisfecho. Igualmente, el 47%, aunque seis puntos menos que en 2008, no le importaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas. Este estudio también nos indica que el 50 % de la población se autocensura a la hora de criticar al gobierno de turno.

Estos datos vienen a avalar la idea de que sin democracia no hay transparencia y sin transparencia no hay democracia. Sin credibilidad no tienen valor los datos, da igual que estén abiertos o cerrados. La participación da paso al ensimismamiento, superar el día en lo personal y mantenerse alejado de los asuntos públicos. Por tanto, esta es una asignatura pendiente de las instituciones gubernamentales y locales, el empoderamiento de la ciudadanía a través del fortalecimiento democrático.

 Ejemplo de mejora: España y la legislación de Lobbies

El 22 de mayo de 2017 España recibió una serie de recomendaciones del Consejo de Europa donde en su punto 9 por una parte se lamenta de la “inexistencia de normas que regulen los grupos de presión” (Comisión Europea, Mayo 2017). La Comisión Europea llamaba la atención al gobierno español sobre la importancia de regular la función de los lobbies a la hora de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y, lo más importante, que organizaciones con intereses particulares no tomaran ventaja en la legislación de los asuntos públicos en detrimento de la participación ciudadana y de otras asociaciones sectoriales.

Se trata de una medida más para evitar la corrupción y tomar partido por la transparencia, la participación política honesta y responsable, así como la rendición de cuentas a la hora de legislar.

Desgraciadamente, España no puede mirarse en el espejo de Europa porque la normativa europea sobre los grupos de presión y los registros de lobbies es escasa, salvo honrosas excepciones como Alemania, Francia y Eslovenia.

Para esta actividad se toma como faro Estados Unidos que cuenta con regulación en la materia desde 1876, año en el que se crea el Registro de Lobbistas. En 1946 se aprueba la Legislative Reorganization Act, que no es cambiada hasta 1996 por Bill Clinton. Esta incluía a todo aquel que trataba de influir vía oral o escrita a todos los integrantes de la Casa Blanca, desde el personal de base al mismísimo integrante del despacho del ala oeste.

La Lobbying Disclosure Act concreta de forma muy detallada el control de la actividad del lobista, que es definido como “cualquier individuo, contratado por un cliente del cual recibe una compensación económica o de otra naturaleza, para la realización de servicios que incluyen más de un contacto con el fin de ejercer una influencia o presión”.

Sin embargo, en España no tenemos legislación específica. Hay reseñas colaterales  en algunos artículos de la Constitución Española que promueven la libertad e igualdad de los grupos (9.2), o la participación de los ciudadanos en los asuntos directamente o por medio de los representantes (art 23).

No se puede decir que nunca hubo preocupación por este asunto, pero sí poco iniciativa. En la redacción del Anteproyecto de la Constitución Española el líder histórico de Alianza Popular y exministro franquista, Manuel Fraga, solicitó que en el artículo 77 incluyese un sistema de control y registro para aquellos grupos de interés con acción permanente en el Congreso (Pelegrín, 2016).

En febrero de 1993, a propuesta del Centro Democrático Social, se estudió una proposición no de ley para crear un registro de “lobbistas para que muchas personas o grupos pequeños tuvieran la oportunidad de hacer oír su voz en el Parlamento” (Tijeras, 2015). Pero finalmente todo quedó en estudiar la conveniencia de establecer un registro público de los grupos de interés y remitir un proyecto de ley en el que se determinen las condiciones para su acceso. O lo que es lo mismo que ‘la parte contratante de la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte’.

Sin duda, un paso adelante lo supuso la aprobación en 2013 de la “Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Abona el camino para la regulación del lobby cuando define como uno de sus pilares fundamentales de toda acción política los preceptos que se incluyen en el título de la normativa.

Otro hito importante es el Registro de Grupo de Interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se espera sea la antesala de la normativa básica de la actividad. Hasta el momento el último intento fue el pasado mes de marzo cuando el Partido Popular defendió una proposición de ley para modificar el reglamento del Congreso para regular los lobbies y aumentar la transparencia de las relaciones con los grupos de interés. Fue aceptada con 172 votos a favor.

He traído a colación este ejemplo porque creo que toda política de comunicación pública debe sostenerse en la máxima transparencia. Los representantes de la ciudadanía tienen que hacer públicas sus agendas para que otros interesados o la ciudadanía en general sepan quién puede estar influyendo sobre sus intereses, y si el representante cede a su presión o se le pueda exigir una explicación porque ha tomado parte por una opción en vez de otra.

La transparencia es una utopía rectora de la vida en las organizaciones, un camino sin fin, pero que hay que andarlo con paso firme. La convivencia y el gobierno de todos y todas están en juego. Juguemos claro con nuestro futuro.

Trabajos citados

Centro Knight. (s.f.). Mapa sobre el acceso a la información en América Latina. Recuperado el 4 de Noviembre de 2017, de http://knightcenter.utexas.edu/es

Comisión Europea. (Mayo 2017). Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de España. Bruselas. Obtenido de https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_spain-es.pdf

CORPORACIÓN Latinobarómetro. (2016). Informe 2016. Buenos Aire: Banco de Datos en línea.

Pelegrín, E. A. (2016). El lobby en la Unión Europea: manual sobre el buen uso de Bruselas. Esic Editorial .

Tijeras, R. (2015). Lobbies y grupos de presión en la España democrática. Comunicación XXI. Revista científica sobre cultura y medios., 1-44.

Trigo, M. F., & Álvarez, V. (2017). Gestión Pública, gobierno abierto y fortalecimiento de la democracia. En A. Naser, Á. Ramírez-Alujas, & D. Rosales, Desde el gobierno abierto en América Latina y el Caribe (pág. 39). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Carible . Naciones Unidas.

Flamenco y música andalusí: candidatos a obra maestra de la humanidad en 2005. Análisis de una declaración fallida.

Queda en la retina de la ciudadanía andaluza, española y aficionados al flamenco de toda la humanidad la fecha del 16 de noviembre de 2010 cuando este arte universal entraba a formar parte de la Lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.
Sin embargo hubo otro intento anterior que no ha sido suficientemente estudiado. Este artículo pretende ser una oportunidad para conocer con cierta profundidad la candidatura presentada en el año 2004 cuando España, Marruecos, Túnez y Argelia propusieron una candidatura multinacional para demostrar el valor excepcional del flamenco y la música andalusí.

Hace unos días me ha publicado un artículo (con revisión a pares ciega) en la Revista PH donde propongo mostrar los detalles de la tramitación del expediente y arrojar luz sobre la negativa de la candidatura del flamenco a obra maestra en el año 2005. Había un consenso político y mediático en torno a que no se había conseguido la distinción porque este patrimonio inmaterial no estaba en “peligro de extinción”.

Bajo esta premisa, y por rigor científico, se intenta vislumbrar si ese mensaje coincide con la realidad objetiva plasmada en la oficialidad de los documentos de las distintas administraciones.

Si te interesa puedes «quedártelo» pinchando aquí http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3943/3926

Administración electrónica más gobierno abierto = transparencia

Señala Ítalo Pizzolante que la relación de la institución con sus públicos debe ir “más allá de las relaciones públicas y la publicidad a una simétrica actitud donde se hace lo que se dice y se defiende lo que se cree … Más allá del discurso desarrollado por el imaginario de terceros, los gobiernos están expuestos en vitrinas donde sus mensajes formales o informales, verbales o no, exhibidos con creatividad, tienen que hacerse tangibles y convincentes en los anaqueles del juicio colectivo” (Pizzolante, 2003: 2).

Hay que encaminarse a un ejercicio de transparencia desde las distintas instituciones pues “ya no basta con ganar unas elecciones, los ciudadanos comienzan a exigir transparencia en la acción de gobierno y posibilidades de participación en aquellos asuntos que les afecten, y es responsabilidad de los poderes públicos abrir estas ventanas de comunicación permanentes” (Calderón, 2010: 13).

Es más, “las prácticas transparentes del sector público y privado nunca antes tuvieron la trascendencia de hoy día, pues se han convertido en criterios de actuación cuyo cumplimiento se ve reflejado positiva o negativamente en los medios de comunicación, los cuáles nos vigila a todos por el mandato de una ciudadanía activa”, remarca Pizzolante (2003: 4).

Se precisa, por tanto, un diálogo con todos los públicos, principalmente con los referentes para la institución en atención a sus fines. Transparencia como medida para ganar credibilidad y confianza en el papel de las organizaciones en la sociedad. Y también, en palabras del investigador César Calderón, es preciso fomentar la participación. Incluso llega a plantear la necesidad “de espacios permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos más allá del ejercicio de derecho de sufragio cada cuatro años” (2010: 11).

Pide aprovechar toda el potencial que nos ofrece tanto Internet como las tecnologías de la información y la comunicación pues “la red aporta un sinfín de herramientas a los políticos, para acercarse y entrar en contacto con la población. Pero si no hay algo más detrás, si el político de turno carece de proyecto, iniciativas y talento suficiente para llevarlas a cabo, no habrá blog, ni red social que permita solucionarlo” (De los Ríos: 2010: 196).

Las TICS y los nuevos medios sociales posibilita una apuesta por un “modelo de interacción social y político basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración ciudadana, que permite establecer un diálogo equilibrado entre el poder de los gobiernos y los gobernados” (Ortiz 2014).

Y no sólo se queda en el ámbito del eGobierno sino también en la capacidad de dar respuestas de la administración a la ciudadanía de forma rápida, ágil, cercana y posiblemente más entendible si torna el lenguaje puro administrativo a otro más adecuado al que se utiliza en las redes sociales.

Como nos comenta el Torres y Piña (2001) el Gobierno Electrónico, o Administración Electrónica, alienta el uso de las TIC con el objetivo de participar de las ventajas que le ofrecen éstas integrándolas en sus procedimientos con el fin de incrementar su eficiencia y eficacia en base a la transparencia.

En definitiva, ambos conceptos de gobierno abierto y administración electrónica están muy trufados.

Comunicación institucional y relaciones informativas. El caso de la administración cultural en Andalucía.

«A través de contactos personales con los máximos responsables, portavoces, gabinetes de
comunicación o páginas web, las organizaciones se convierten en una fuente informativa a la que acuden los profesionales de los medios de comunicación para el tratamiento periodístico de un hecho noticioso.

También ocurre a la inversa, es decir, los gabinetes de comunicación contactan a través de diferentes herramientas o instrumentos (comunicados, presentaciones, promociones,
exclusivas…) a la puerta de las redacciones para que la organización, con la ayuda de los
medios de comunicación, se integre en la actualidad informativa. A este proceso dialógico se le denomina relaciones informativas.

En este contexto se propone que la evaluación de las prácticas empleadas y su cotejo con los públicos de referencia podrían ser una iniciativa favorable para la detección y subsanación de errores o para localizar prácticas de éxito, para profundizar en relaciones de calidad con los profesionales de la comunicación».

Este es un resumen de un artículo que junto a mis compañeros Fernando Martínez Vallvey (Catedrático de la UPSA) y Mateo Hernández Tristán hemos publicado en la Revista Internacional de Relaciones Públicas. Espero que sea de vuestro interés.

Os dejo el enlace

http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/article/view/461/255

y el artículo en PDF

 

Los mensajes claros y comprensibles, dos veces bueno

Si entendemos por comunicación corporativa el conjunto planificado de mensajes en el ámbito interno y externo de la organización, queda claro que tienen que ser comprendidos y asimilados por los diferentes públicos. De no ser así la parte común de comunicación quedaría huérfana o no se produciría el fenómeno que facilitar la información, la confrontación, el entendimiento o el simple contacto.

De ahí que sea importante poner el acento en la comprensibilidad de los mensajes. Y para ello opino como el profesor Joan Costa que tenemos que definir nuestra imagen para “comprender claramente las interacciones que se producen entre los estímulos emitidos por la empresa (u organización) y los que los individuos perciben, experimentan y metabolizan ‘traduciendo’ esas señales en atributos de la imagen”.

Es decir, en la arena de la comunicación para que nos comprendan primero tenemos que tener muy claro qué queremos comunicar, quién lo comunica y cómo lo comunica. Tenemos que definir esta triada para hacernos reconocibles a la ciudadanía y captar la atención, fidelización e interacción que nos otorgue un incremento de imagen reputacional.

Este proceso forma parte de la responsabilidad del DIRCOM, al menos su definición, planteamiento a la organización e implementación de la estrategia enfocada al aspecto intangible de la misma. Como también un análisis serio y riguroso sobre nuestros públicos para no perder, recuperar o aumentar reputación, credibilidad y confianza.

Tomando como base este sistema, los mensajes deben ser claros, concisos, escritos correctamente y que capten la atención del lector. Atractivos y segmentados para que no sólo sean leídos sino asimilados.

Finalmente, destacar que no todo puede basarse en la parte creativa del contenido sino en su forma de distribución y los distintos canales. Y así, como ejemplo, podemos contar con el branded content ,una buena estrategia de marketing digital o la utilización del big data. Igualmente, acudir a las técnicas de neuromarketing también puede posibilitar la generación de mensajes comprensibles a la ciudadanía.

El periodismo ciudadano, ¿salida profesional o nuevo modelo profesional?

Tal y como está hoy día la profesión periodística tendríamos que utilizar la tercera acepción del término “análisis” según el DRAE para responder a la pregunta planteada, aquella que referencia la acción en un “tratamiento psicoanalítico”. Y es que son tantos los trastornos y conflictos por lo que está pasando este oficio que pocas herramientas de estudio pueden ser tan útiles que las plantadas por el gran Freud.

Pero sin renunciar a esta técnica, de momento vamos a iniciar una aproximación a tal cuestión desde la “distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición” (DRAE) desde mi experiencia y convicción individual.

El periodismo consiste en poner a disposición de la ciudadanía en general, personas individuales u organizadas en particular, información u opinión relativas al interés general o singular bajo los parámetros de la veracidad y el rigor. En definitiva, aportar bajo un punto de vista o línea editorial argumentos para contribuir a una mejor sociedad y el desarrollo integral de las personas (desde su crecimiento personal a las necesidades de entretenimiento).

Por otra parte, el periodismo también incluye los términos estudios o carrera de periodista. Entonces, ¿quién es periodista? ¿quién tiene título? Si es así, ¿el que ha hecho una carrera, un máster de especialización o prácticas en un medio de comunicación? ¿el que escribe y participa de los medios?, etc. Esto da para muchos debates como el posible intrusismo profesional o el derecho a la libertad de expresión, el acceso a las herramientas para compartir contenidos en el 3.0 o los medios de difusión “off line”, entre otros.

Pero sin ánimo de polemizar cabe decir, según mi punto de vista, que periodista es todo aquel que cumple con los principios del periodismo: contar historias rigurosas que han sido contrastadas para dotar de veracidad, y no su apariencia, el hecho del que informa u opina. Comunicar con honestidad un hecho noticioso en cualquiera de los géneros periodísticos. Obviamente el periodista licenciado y que ejerce la profesión tiene ventaja.

¿Y esta forma de actuar puede ser una salida profesional? Lleva siglos siéndolo. El periodismo tiene una función social básica y también es una salida profesional para múltiples de profesionales. Aunque también es verdad que ha cambiado el ecosistema de información pública. Ya no son los periodistas, empresas e instituciones quienes tiene el monopolio de comunicar con la audiencia sino que ésta ahora genera contenidos, respuestas y ha tomado protagonismo en el flujo de la información. El cuarto poder tiene enfrente, de lado y otras veces de la mano al empoderamiento de una ciudadanía activa potentada con nuevos recursos tecnológicos.

Y que no solo se conforman con “ponerle las pilas” al establishment político, económico y mediático sino que se han dado cuenta de que su conocimiento y experiencia interesa a otras personas y colectivos, y también a empresas anunciantes que quieren hacer negocios con su influencia.

Se generan nuevos medios de comunicación que no nacen de los grandes grupos tradicionales sino del emprendimiento informativo. Nuevos recursos y yacimientos de empleo para los periodistas, nuevos modelos de negocio para los emprendedores.

De pertenecer a una plantilla estable en un mass media o contar ingresos sólo a través de los anunciantes, se abre un nuevo camino a las cuentas colaborativas del “crowfunding”, el patrocinio, las suscripciones, generar contenidos de calidad en torno a una marca, información adaptada a diferentes dispositivos, venta de productos, organización de eventos o la consultoría.

Este periodismo ciudadano “cuenta mucho” en el panorama actual y no sólo con temas humanos. No estoy de acuerdo con asociar este termino sólo al periodismo de proximidad o de contacto directo con la ciudadanía. Tiene tantos campos de actividad como secciones la actualidad informativa (de hechos actuales, efemérides o conmemoraciones). Sin corsés, el periodismo económico, político o vecinal también puede ser ciudadano.

En definitiva, se trata de “de pasar a pensar en el periodista como un asalariado de las grandes empresas informativas, a ser el dueño de su propio medio. Hoy el periodista se construye como una marca de credibilidad independiente, quien desde un espacio creado bajo los lineamientos del emprendimiento, está ejerciendo un nuevo periodismo, en una época en el que el oficio periodístico y los medios de comunicación se están reinventando” (DÁVILA, 2017).

 

DÁVILA, A. G. (2017). Emprendimientos periodísticos: una salida a la crisis de las empresas informativas. PUCE.

Ilustración principal.  Un periodista ciudadano consulta su móvil mientras graba con su tableta. (Susana De Val). Imagen recuperada de https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjcjq6B7d3VAhWKzRoKHa2_BPYQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fdesobedientes.periodismohumano.com%2F2013%2F05%2F14%2Faccion-directa-por-el-periodismo-ciudadano-suysulucha-y-jaimealekos%2F&psig=AFQjCNGlrL5CZUKATk4xzCK8REEBkiRBhA&ust=1503044820135019

Ilustración en la entrada extraída de http://cynthia-daniela.webnode.mx/blog/

 

 

 

Andalucía potencia la administración electrónica de proximidad.

En Andalucía las competencias sobre TIC y Administración Pública está radicada en la Junta de Andalucía, concretamente en la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda. Todo el directorio de acciones puede observarse en el siguiente enlace http://lajunta.es/14csi

 

De todas estas acciones llama la atención el Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital de Andalucía (MOAD). Se trata de una plataforma de tramitación electrónica diseñada con el objetivo fundamental de que las entidades andaluzas dispongan de una solución a los requerimientos tecnológicos, normativos y legales que exige la normativa de procedimiento común en las administraciones públicas.

Aporta numerosos beneficios a la ciudadanía, entre los que podemos destacar:

• Oficina virtual administrativa 24×7 cómoda e intuitiva.
• Solución de firma electrónica basada en firma de servidor.
• Alta usabilidad de los procedimientos electrónicos gracias al asistente de autoguiado de su tramitación.
• Catálogo de 114 procedimientos electrónicos en áreas como urbanismo, participación ciudadana, juventud, tributos, padrón, medio ambiente, etc… todos ellos con una doble versión de tramitación: modelada y simplificada.

MOAD también ofrece importantes ventajas para las diputaciones y ayuntamientos encargados de la gestión de los servicios públicos electrónicos:

• Arquitectura abierta, simple, modular, e interoperable, fácil de administrar.
• Incorpora un Punto Único de Administración para agilizar todas las tareas que afectan a múltiples ayuntamientos, como replicación de datos multisite(organigrama, perfiles, plantillas, etc), backup y restore de información a nivel de ayuntamiento, etc
• Herramienta drag&drop para la generación de formularios web.
• Catálogo Común de Procedimientos para todas las diputaciones y ayuntamientos adheridos.
• Contenidos de teleformación para usuarios administradores y gestores.

Es una iniciativa de software libre, que cuenta con dos millones de euros en presupuestos y que aspira a llegar a 300 Ayuntamientos.

Le queda mucho camino por recorrer para llegar a los 778 municipios que engloba la Comunidad Autónoma de Andalucía pero es loable el intento por unificar y homogeneizar procesos administrativos entre los diferentes entes locales.

“En la campaña se activó el flamenco que todos llevamos dentro, nuestro ‘Flamenco Soy’, y se logró hacer fuerte la candidatura a través de la unión”

Doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga, Andrés Mellado Segado, cuenta con un Master de Investigación en Comunicación Periodística en la Universidad de Málaga; otro de Teoría y Práctica de las relaciones instituciones y el protocolo en las organizaciones, de la Universidad de Granada; así como estudios de posgrado en el Instituto Directivo Empresarial (IDE-CESEM) en Madrid donde alcanza ser magister en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial.

Su carrera profesional se ha desarrollado desde el 2004 ininterrumpidamente como Director de Comunicación en distintas consejerías de la Junta de Andalucía (Agricultura; Cultura; Educación; Turismo, Comercio y Deporte). Y es precisamente en el ámbito de la comunicación institucional a la que ha dedicado su tesis, reconocida con el Tercer Premio, titulada ‘La comunicación institucional de la Junta de Andalucía. Campaña para la candidatura del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad’. Un sobresaliente análisis del papel que juega la planificación estratégica en la difusión, en este caso de una materia tan sensible como el flamenco, a través de la política de comunicación institucional.

P.- La tesis doctoral, por la que ha sido premiado, está enfocada en el análisis de la comunicación institucional de la Junta de Andalucía para la candidatura del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se logró en 2010, pero hubo una candidatura anterior en 2005 que también se analiza en su trabajo. En términos estratégicos y de desarrollo de la comunicación ¿Qué diferencias hubo entre ambas campañas?

R.- Además de un marco normativo más favorable para la declaración del flamenco en la lista de la Unesco, con una nueva Convención del Patrimonio Inmaterial que actualizaba este concepto y que establecía un protocolo claro para conformar toda la documentación,  en el 2010 se optó por  una campaña activa, una estrategia de planificación estratégica en comunicación institucional como «música de continuidad» a la resolución de un complejo expediente informativo. Se estableció un cronograma de eventos y una estudiada estrategia mediática. Todo ello también tuvo una repercusión en la visibilidad y cobertura en los diferentes medios de comunicación. Los números hablan por sí solos: más de quinientas noticias entre la candidatura fallida y la finalmente reconocida.

P.- Entre los resultados de su investigación apunta que la aplicación de metodología científica en 2010, mediante la planificación estratégica, redundó en una mayor repercusión informativa en los medios de comunicación andaluces. ¿Qué nuevas herramientas/iniciativas se incorporaron para mejorar estos resultados de cobertura y atención mediática?

R.- La ciudadanía y sus representantes, las instituciones y los partidos políticos, el tejido asociativo y los artistas … se situaron en el centro de la candidatura. «Flamenco Soy» definió el sentir de toda la ciudadanía andaluza y española, se forjó un verdadero Acuerdo Social por el Flamenco. Afloró la identidad flamenca en primera persona del singular pero también del plural. Posiblemente haya sido uno de los pocos consensos reales que se han dado en mucho tiempo. Eso fue la principal novedad. Luego ayudó herramientas que potenciaron la candidatura: creación de una web donde cualquier persona podría adherirse, mociones en las cámaras representativas y ayuntamientos; el «sí» de la Casa Real, organización de conciertos como el de Paco de Lucía en el Teatro Real; la internacionalización de la candidatura con actos en los cinco continentes, Bruselas, acto de apoyo en París … Para ser un tiempo donde las redes sociales estaban despuntando se consiguió mucha interactividad con los diferentes públicos.

p.- Respecto a la imagen del flamenco en la sociedad, también señala que ha sufrido una profunda transformación logrando la adhesión de la ciudadanía, las instituciones, los organismos culturales, etc. ¿Cómo se logró esa mayor involucración social? ¿Sobre qué valores se sustentaba la campaña ‘Flamenco Soy’?

R.- El flamenco tuvo en Andalucía su cuna y hoy es Patrimonio de la Humanidad, o «la Humanidad patrimonio del flamenco» como diría Enrique Morente. Ha pasado de asociarse con lo marginal a tener un reconocimiento mundial. A todo ello ha contribuido fundamentalmente los artistas que han sabido crear y expandir un arte inmaterial e inmortal; intelectuales como Falla o Lorca con su congreso para dignificar el flamenco en 1922; la radio, el cine, la entrada en la Universidad, la apuesta por la renovación de sus lenguajes, la televisión … y en cierta medida también la adhesión a la campaña promovida por las instituciones en 2010. En este último caso sólo hubo que activar el flamenco que todos llevamos dentro, nuestro «Flamenco Soy» y sentirnos orgullosos de un sentimiento y una seña de identidad a veces latente. Y compartirlo, hacer partícipes a los demás, haciendo fuerte una candidatura a través de la unión.

P.- Uno de los métodos que ha empleado en la investigación es la entrevista en profundidad que ha realizado a todos los portavoces de gobierno que ha tenido la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía ¿Qué conclusiones generales se pueden extraer sobre el modelo de comunicación corporativa desde los primeros responsables en los años 80 hasta la actualidad?

R.- No es exagerado afirmar que la Oficina del Portavoz es la «generación espontánea» de la comunicación institucional en Andalucía. Enrique García, Julio Artillo y Pepe Nevado fueron auténticos visionarios de esta disciplina y con acierto pusieron en la práctica una política comunicativa sin apenas referentes. La profesionalización y la transformación digital llegó con Rafael Camacho y Enrique Cervera, y el tránsito de la comunicación unidireccional a la bidireccional con Miguel Ángel Vázquez y Eva Suárez. Sin olvidar a Montserrat Badía, primera mujer en ocupar esta responsabilidad y que se esforzó en abrir la comunicación de los medios a otros públicos; el esfuerzo estratégico de Pérez Yruela o la complejísima situación que tuvo que afrontar Mar Moreno. Se ha pasado de la comunicación unidireccional al modelo 3.0 con una innovación constante en los procesos informativos y con unos profesionales de una alta cualificación y consideración.

P.- Tras la investigación realizada y el estudio de caso de la campaña ‘Flamenco soy’ ¿Qué recomendaciones generales podría aportar para la planificación de la comunicación institucional de asuntos de carácter cultural?

R.- Un buen análisis de la situación para concretar los diferentes públicos y definir unos objetivos realistas. Concretar los ejes de comunicación y sus mensajes correspondientes. Poner sobre la base de la planificación estratégica un cronograma de acciones y eventos informativos. Elegir las herramientas más adecuadas para llegar a los públicos, cumplir tus objetivos y que sea entendido aquello que quieres transmitir. Hacer una táctica de comunicación aprovechando el criterio de oportunidad para implementar cada línea estratégica. Ponerla en marcha y evaluar los resultados para de nuevo hacer un buen análisis, aprender de los errores y corregir o definir la estrategia …. Así en movimiento espiral, que no circular (siempre acaba en el mismo sitio, la misma rutina), hacia la transparencia, confianza y ganando terrenos en la certidumbre de la credibilidad.

https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=actividades&id=3136

La importancia de comunicar en la administración educativa

Foto: Shutterstock. Recuperada de la web http://www.aikaeducacion.com/opinion/medios-comunicacion-educacion-la-sociedad-digital-dos-mundo-paralelos/

Desempeño mi labor profesional en la administración educativa de la Junta de Andalucía, España. Hace dos años egresé en esta institución como DIRCOM y mi trabajo reside en aplicar a la misma los principios de comunicación pública, entendida desde mi punto de vista como la tarea de “establecer relaciones de calidad entre los diferentes ámbitos (internos y externos) de la administración y sus diferentes públicos de interés (más allá de los medios de comunicación), contribuyendo de esta manera al servicio público mediante la escucha activa, el intercambio honesto de información útil y la generación de oportunidades a la ciudadanía”.

Esta definición está en consonancia con lo que apunta José María Laporte cuando se refiere a la comunicación institucional como aquella “realizada de modo organizado por una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que se desarrolla su actividad. También tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con los que se relaciona, y adquirir una notoriedad social e imagen pública adecuadas a sus fines y actividades”.

Para el investigador, la comunicación se convierte en una fuerza propulsora de unidad y cohesión en las organizaciones en el momento que “busca transmitir la personalidad de la institución y los valores que lo fundamentan […] tiene un carácter dialógico, busca relacionarse con los miembros de la sociedad en que la institución está presente, contribuyendo al bien común a través de sus fines específicos” (2010: 47-48).

Sin embargo, como señala Ítalo Pizzolante, la relación de la institución con sus públicos debe ir “más allá de las relaciones públicas y la publicidad a una simétrica actitud donde se hace lo que se dice y se defiende lo que se cree … Más allá del discurso desarrollado por el imaginario de terceros, los gobiernos están expuestos en vitrinas donde sus mensajes formales o informales, verbales o no, exhibidos con creatividad, tienen que hacerse tangibles y convincentes en los anaqueles del juicio colectivo” (Pizzolante, 2003: 2).

Se precisa un ejercicio de transparencia desde las distintas instituciones pues “ya no basta con ganar unas elecciones, los ciudadanos comienzan a exigir transparencia en la acción de gobierno y posibilidades de participación en aquellos asuntos que les afecten, y es responsabilidad de los poderes públicos abrir estas ventanas de comunicación permanentes” (Calderón, 2010: 13).

Es más, “las prácticas transparentes del sector público y privado nunca antes tuvieron la trascendencia de hoy día, pues se han convertido en criterios de actuación cuyo cumplimiento se ve reflejado positiva o negativamente en los medios de comunicación, los cuáles nos vigila a todos por el mandato de una ciudadanía activa”, remarca Pizzolante (2003: 4).

Se precisa, por tanto, un diálogo con todos los públicos, principalmente con los referentes para la institución en atención a sus fines. Transparencia como medida para ganar credibilidad y confianza en el papel de las organizaciones en la sociedad. Y también, en palabras del investigador César Calderón, es preciso fomentar la participación.

Finalmente, Sotelo Enríquez (2004: 55), “en las circunstancias actuales de evolución del entorno de comunicación pública, la comunicación institucional ocupa un lugar relevante. El hecho es positivo en la media que ha favorecido la participación de las organizaciones y ciudadanos en los asuntos públicos, y ha incrementado la transparencia y el compromiso de las entidades con el bien común. Sin embargo, los protagonistas de la gestión de la comunicación se enfrentan a los retos de garantizar el acceso universal a la construcción del discurso público y que los programas de comunicación, además de atender a los intereses legítimos de las instituciones, se orienten a la verdad y al servicio de la sociedad”.

Ante todo este marco teórico, considero que la comunicación es esencial para la organización de la vida en comunidad. De hecho, estos dos conceptos, comunicación y comunidad, tienen su raíz en una misma palabra: “común”. Es decir, la institucionalización de la convivencia social y política precisa de un esfuerzo conjunto para orientar a la sociedad, conseguir consenso, resolver conflictos, verificar distintas opciones, trascender las diferencias y razonar la elección de una de ellas.

Las instituciones públicas, como ente legitimado que regula las múltiples relaciones sociales, políticas y económicas, gozan de la autoridad que le otorga la ciudadanía a través del imperio de la ley o el reconocimiento de la costumbre. Trascienden de un hecho concreto para un fin propio pues parten de un rol específico orientado al beneficio de toda una sociedad.

Aparecen para mejorar y facilitar la convivencia de todos los actores que conforman la colectividad. Crecen en el momento en que desempeñan una función reguladora y normativa; y pueden desaparecer en el momento en que su actividad no es reconocida por aquellos que le confirieron confianza para erigirse en representante de todos.

Atendiendo a todo esto partimos del principio de que una comunicación institucional responsable también puede afianzar el papel de las administraciones públicas en el sistema y el apego hacia las mismas. Y, por supuesto, también para afianzar el modelo educativo público andaluz y el papel político-social que juega la administración educativa.

 

La apuesta por la planificación en comunicación en la Consejería de Educación es un reto para una administración que apuesta por la transparencia, participación, cooperación y diálogo con todos sus públicos de interés para ganar en eficacia y consolidar su labor de servicio público.

Además, es una oportunidad de actualizarse al “Nuevo Tiempo” de la comunicación institucional. El modelo de la Junta de Andalucía ha pasado del modelo informativo (unidireccional) al comunicativo (bidireccional) y del comunicativo Galaxia Gutenberg al interactivo 2.0.

Por eso, desde el departamento que tiene las competencias en materia educativa, debe seguir explotando el esfuerzo por facilitar la conexión con los grupos de interés y entablar una comunicación bidireccional para conocer de primera mano las necesidades, sugerencias y opiniones de sus ciudadanos. Esta continua retroalimentación podrá generar el reconocimiento y confianza.

Y para todo ello: LA COMUNICACIÓN ES EL CAMINO.

Espero tus sugerencias y comentarios.